El acceso a la información de las empresas del Estado. ¿Una carrera de obstáculos?

Una suerte de manto que permite actuar a escondidas cubre a las empresas industriales y comerciales del Estado, sus filiales, las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos en Colombia. Esas entidades están cobijadas por el derecho privado supuestamente para proteger sus secretos y para no quedar en desventaja en un mercado de libre competencia. 

Sin embargo, esta garantía riñe con el derecho de los ciudadanos a conocer información de interés general. Es una barrera que les permite a servidores públicos ocultarse para gastar recursos estatales e impide conocer el destino del dinero que ellos administran y los fines con que lo utilizan. 

El libro El acceso a la información de las empresas del Estado. ¿Una carrera de obstáculos?, publicado en 2020 por el periodista y profesor universitario Juan Esteban Mejía sustenta aquellas afirmaciones en dos partes. La primera contiene teoría, doctrina y jurisprudencia y plantea que el derecho a la información es el más necesario para que haya participación efectiva en una democracia. Por eso en los acuerdos, tratados y pactos internacionales siempre se hace referencia a que las libertades de investigar, de acceder y de difundir información son de toda persona. 

La segunda parte del libro narra cinco casos que dan cuenta de las dificultades que tuvieron diferentes ciudadanos y funcionarios para acceder a información de empresas del Estado colombiano. A ellos les impidieron conocer el gasto de recursos públicos porque supuestamente se trataba de secretos industriales y comerciales. El autor conoció por diversos medios los documentos que aquellas entidades pretendían esconder y encontró que a espaldas de la opinión pública estuvieron en juego millonarios recursos estatales. 

El primer caso documenta cómo la empresa EPM ocultó a ciudadanos y autoridades información sensible sobre la construcción de la central hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango). El segundo demuestra que la compañía UNE quiso encubrir detalles sobre el negocio de las fotomultas de tránsito en Medellín. Documentos técnicos y un contrato decían que si no se imponía cierto número de comparendos al año, se afectaba la rentabilidad de un contratista privado y al gobierno le tocaría completar el dinero que faltara. El tercero se refiere a la solicitud de compra de siete predios que hizo un funcionario de la Alcaldía de Medellín y que no revestían interés para los proyectos estratégicos del municipio. La información que conocieron la opinión pública y el Concejo de Medellín en su momento fue parcial porque la mayoría de los archivos estuvo guardada en empresas estatales. El cuarto narra que EPM les compró la mitad de la compañía de telefonía fija Orbitel a los grupos Sarmiento Angulo y Bavaria justo cuando venía perdiendo rentabilidad. Aquellas dos corporaciones colombianas se salvaron de una quiebra gracias a este negocio, que se hizo con recursos públicos y a espaldas de los ciudadanos y de las autoridades. Y el quinto caso es sobre un negocio secreto en el que el Estado colombiano se retiró vencido de la prestación del servicio de telefonía celular y dejó entrar una sociedad del empresario Carlos Slim. 

El reconocido periodista de investigación Alberto Donadio escribió el prefacio de este libro. Allí dijo: “Cada caso sostiene la atención por la abundancia de detalles que se suministran, por las abundantes fuentes citadas y por el efecto que la acumulación de datos causa en el lector. Tantos hechos bien desgranados son más convincentes que cualquier opinión”.