‘Terms and Conditions May Apply’, un repertorio de espionaje

Los usuarios de internet exponen su privacidad cuando descargan aplicaciones, hacen búsquedas o compran en línea. Los contratos que ellos aceptan para acceder a estos servicios tienen condiciones que les permiten a empresas y autoridades almacenar su información personal por tiempo indefinido. El destino y la manipulación de aquellos registros son inciertos. 

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Patriótica, que fortaleció la vigilancia para evitar nuevos ataques. Al año siguiente, el gobierno creó el programa Control Total de la Información, una suerte de policía precrimen encargada de detectar delitos antes de ser cometidos. El método consistía en hacer cruces de movimientos financieros, compras y búsquedas en internet, pero el rechazo masivo de la gente y la oposición de los legisladores frustraron aquel plan. 

  

A partir del 2004 se popularizó el acceso a redes sociales y plataformas en línea. Las usuarios entregaron voluntariamente detalles sobre sus lugares de residencia, preferencias políticas y religiosas, vínculos de amistad y familiares, correos electrónicos, números telefónicos y miles de fotos. Esto facilitó el trabajo de organismos de seguridad porque les dio insumos para construir perfiles minuciosos. El documental Terms and Conditions May Apply (Términos y condiciones de uso), publicado en 2013 y dirigido por Cullen Hoback, muestra casos en los que gente común salió afectada por los mismos datos que cedió. 

En 2006, la empresa AOL publicó registros de búsquedas supuestamente anónimos. Cada usuario estaba identificado con números y al lado aparecían las palabras que digitó para encontrar información en la web. Junto al código 17556639 decía “cómo matar a tu mujer”, “fotos de decapitados”, “fotos de muertos”, “accidentes de coche” y “filete con queso”. Aparentemente, se trataba de un asesino. En realidad, quien hizo aquellas pesquisas fue un guionista de la serie policial Caso abierto. 

En Mineápolis, un hombre fue a una tienda de Target a reclamar porque le habían enviado a su hija adolescente bonos de descuento en productos de maternidad. Gracias a las compras que ella había hecho por internet, la compañía conoció su estado de embarazo antes que su padre. En Holanda, la empresa TomTom vendió a las autoridades de tránsito información que reportaban los GPS de sus clientes. Los datos daban cuenta de que algunos excedían límites de velocidad. Con base en aquella evidencia, les enviaron comparendos. 

En 2009, el humorista Joe Lipari se enojó porque no recibió atención en una tienda de Apple después de hacer fila durante cuatro horas. Regresó a su casa, prendió el televisor y se puso a ver la película El club de la pelea. Escuchó que uno de los personajes decía: “de oficina en oficina con un Armalite AR-10”. Publicó en Facebook esa frase, pero mencionó la tienda de Apple. Más tarde, unos policías tocaron a su puerta, registraron su casa y le preguntaron por el arma. En 2012, el irlandés Leigh Bryan se iba de vacaciones a Los Ángeles. Su plan era salir a fiestas nocturnas. Cuando apenas faltaban 20 días para el viaje, le escribió a uno de sus contactos en Twitter: “¿nos vemos antes de irme a destruir América?”. Al aterrizar en Estados Unidos, lo detuvieron, escarbaron su equipaje, lo interrogaron sobre su comentario en la red social y lo sacaron del país. 

Aquellos casos demuestran que los rastros que quedan al navegar la web no son anónimos ni reservados. Dar clic en la tecla ‘aceptar’ al final de los términos y condiciones en plataformas o portales de internet significa ceder la privacidad y admitir el espionaje.